Influir en una elección creando informaciones falsas; arruinar la reputación de una persona invadiendo su privacidad; crear tendencias de opinión mediante la difusión masiva de rumores; incitar a la violencia promoviendo el odio; competir con otra empresa comparando falsamente los productos; crear crisis económicas con alarmas que provocan reacciones al riesgo; presentar una información, un video, una foto distorsionándolos para que parezcan algo distinto (deep fakes).
La historia de la humanidad demuestra que este tipo de acciones existieron siempre, pero el potencial que tienen actualmente mediante las redes sociales es asombroso. Hay muchos ejemplos de influencia sobre los consumidores, los electores, de prestigios arruinados, de grupos discriminados, de conflictos falsos, todo lo cual ha promovido una saludable reacción en el derecho comparado.
Es tan preocupante el problema, como algunas de las soluciones.
En el año 2001 escribí un libro sobre comercio electrónico y en ese momento el gran tema era el fortalecimiento de la libertad de expresión en la web, como un ámbito donde todas las voces podían expresarse. Poco a poco comenzaron a surgir grandes operadores y nuevas tecnologías que transformaron profundamente el sistema, que tienen una enorme capacidad de gestionar lo que sucede en el mundo digital. En los últimos tres años comenzaron los debates regulatorios y varias leyes fueron sancionadas en distintos países, enfocadas en distintos aspectos.
Hay leyes que consideran que las noticias falsas son un delito (Malasia), y las definen ampliamente y de modo indeterminado: “cualquier noticia, información, datos e informes que sean íntegra o parcialmente falsos…”.
Un modelo diferente (Alemania) se dirige a los proveedores de servicios que administran plataformas de internet, exigiéndoles un control. Una vez que el proveedor recibe una cantidad de reclamos importante vinculados a un hecho, debe modificarlo.
También se busca la deconstrucción de las mentiras y las contraverdades, protegiendo los consumidores en general y los ciudadanos en los procesos electorales (Francia).
La mayoría se concentran en un hecho, la noticia falsa, y se la describe de una manera tan amplia que puede provocar censuras impensadas cuando están en manos totalitarias.
Luego regulan sus consecuencias. Muchos proponen órganos de control previo o posterior, sanciones penales, civiles.
En todo este panorama es importante considerar que las normas más efectivas son los que regulan la estructura que da lugar a un problema y no sólo hechos aislados que son su consecuencia.
En esta etapa, es necesario un diseño institucional de internet de modo que surjan incentivos para orientar las conductas hacia valores como la confianza, la veracidad, la tutela del honor, la privacidad, la transparencia de los procesos políticos y de las conductas públicas.
Ello implica dirigirse hacia el rol de los diversos actores:
• Los grandes operadores de internet reciben información de manera gratuita, la ordenan, la difunden y lucran con ello, vendiendo los datos o contratando publicidad. Esto ha motivado un debate importante sobre si los músicos, los artistas, los periodistas, los medios tradicionales pueden o no cobrar por sus contenidos. Si así fuera, se producirían arreglos contractuales previos a la difusión y las condiciones disminuirían el riesgo ulterior.
• Las políticas públicas deberían tener en cuenta este tema, ya que muchas veces es el propio Estado el que destina recursos económicos para difundir información, o mantiene los famosos “Trolls”, que se han naturalizado en muchos países.
• La inversión en tecnología digital que permite saber lo que se difunde, estudiar las tendencias, eliminar información falsa, etc.
• Cuando se combate la información, el efecto es el contrario al que se busca: crece. Por eso son muy buenos los acuerdos de confiabilidad y chequeo, como se ha hecho en Argentina (“Reverso”), antes que la censura directa o indirecta.
• Las acciones preventivas o resarcitorias contra los operadores, de quienes tienen el control, son también muy valiosas.
Es mejor regular el sistema para que el efecto que produce sea cada vez mejor y no anularlo o censurarlo. Por eso, la creación de controles previos en manos del Estado puede crear problemas mayores.
La sabiduría en este tema consiste en lograr un equilibrio entre la libertad de expresión como regla, y la prevención y sanción de las conductas delictivas.
La libertad de expresión es un principio que ha soportado los embates de las dictaduras, los autoritarismos, los discursos del odio y de la discriminación.
Gran parte de esa fortaleza se basó en la credibilidad del discurso generado por una extensa historia de personas, de profesionales, de periodistas formados en la investigación, en la opinión estudiada, seria, en gran medida vocacional y arriesgada, ya que muchos perdieron la vida en manos de la violencia de la guerra o del narcotráfico, o fueron censurados o perseguidos.
Es relevante entonces mantener la coherencia de los principios que se protegen, tanto en el mundo físico como en el digital.